Canarias – La siniestralidad laboral se concentra en las subcontratas de construcción

Los sindicatos dicen que suponen el 42% de empresas con más accidentes

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) de Canarias denunciaron ayer que casi la mitad (un 42 por ciento) de las 500 empresas que presentan mayores índices de siniestralidad en las Islas, se dedican a la subcontratación en el sector de la construcción, que es también el más proclive a mantener contratos en precario, según explicaron.

Los responsables de Salud Laboral de UGT y CC OO, Juan Francisco Fonte y Carmen Marrero, que aseguraron que estos datos confirman “la alta precariedad y la subcontratación inciden directamente en los accidentes laborales”, pidieron a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales que haga público el estudio que ha realizado sobre las 500 empresas con más siniestralidad en Canarias.
Los sindicatos tienen contabilizadas doce muertes por accidente laboral en las Islas en el transcurso de 2005, ocho de las cuales se produjeron en el sector de la construcción, y mostraron su preocupación porque la Administración y los empresarios “están aflojando” en trabajar por la prevención.
Estas cifras de accidentes laborales, que incluyen a un trabajador de la construcción que murió la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria y a un empleado de una empresa pirotécnica que falleció el domingo en Santiago del Teide, no son oficiales porque la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales facilita los datos con mucho retraso, según denunciaron representantes sindicales.
Juan Francisco Fonte indicó que en total han registrado en los primeros cuatro meses del año 25.400 accidentes laborales en las islas, entre ellos 13.350 con baja laboral y doce mortales. Fonte afirmó que estos datos son similares a los registrados en el mismo periodo de 2004.
En particular, Juan Francisco Fonte y Carmen Marrero denunciaron el funcionamiento del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en donde no se tiene en cuenta a los interlocutores sociales.
Pidieron “un cambio de política y de gestión” en el Instituto y unas nuevas normas de funcionamiento, aunque no se mostraron optimistas pese al cambio en la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, sino que se mantienen “a la espera”, porque “el Gobierno es el mismo y el presidente es el mismo”.
Los dos sindicalistas denunciaron que el Instituto Canario de Seguridad Laboral se niega a facilitar los datos de accidentes laborales y comentaron que mientras los sindicatos han contabilizado ocho muertes en el sector de la construcción en lo que va de 2005, el Instituto sólo ha contado cinco.
Otros datos que la Consejería no facilita a los sindicatos, según denunciaron sus representantes, se refieren a la recaudación por multas a las empresas por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, cantidad que se destina a financiar acciones para promover el trabajo seguro.
El Instituto Canario de Seguridad Laboral cuenta con un mínimo anual de 1,8 millones de euros para este cometido, a lo que se añade la recaudación por sanciones a las empresas, pero esos datos no se facilitan a los sindicatos, explicó Marrero.

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